La Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) no autorizo a HOUSERS poder definirse como plataforma de «Crowdfunding» inmobiliario por estar inmersa en una serie de conflictos de intereses. Pese a la negación, la volvieron a pedir y su caso es objeto de análisis pero siguen sin poder operar como desean.
La compañía se ha visto obligada a eliminar las siglas PFP (Plataforma de financiación Participativa) de su denominación social, ya que no tienen la preceptiva autorización. Ahora mismo se denominan Housers Global Properties.
Para quienes desconozcan la compañía, actúan de una manera peculiar. Los máximos directivos identifican presuntas “oportunidades” de negocio (Las promocionan en su web) y ofrecen a posibles inversores que pueden invertir desde 50 euros para financiar el proyecto a cambio de rentabilidad. Las dos opciones se dividen en:
1. Rentas que esos inmuebles pueden generar
2. Una plusvalía que se pueda obtener en el futuro por su venta
Los administradores deciden absolutamente todo, desde que proyectos financiar o que reformas acometer hasta ponerlo en el mercado de alquiler. Según publica el Registro Mercantil, se han creado varias SL para adquirir los inmuebles. Posteriormente, los socios que compren acciones se unirán al proyecto SL.
Al final, los particulares, que son los verdaderos dueños, no tienen capacidad para decidir nada del proyecto.
Esto supone que los casi 30.000 usuarios de la plataforma que han invertido cerca de 15 millones de euros no tienen ni siquiera voto sobre sus propiedades. Además, no puede vender su participación, solo puede salir con la venta del inmueble.
En los últimos días están habiendo muchos ataques por todas las partes por un claro conflicto de intereses.
Según la CMVM (Comisión de mercado de Valores portugués), asegura que aún no hay un marco legal que regule las empresas de crowdfunding inmobiliario, a falta del régimen sancionatorio. Housers está buscando la manera de conseguir la licencia para poder operar en el país luso.
Via: IDEALISTA